La ANPYN complica la operación del Puerto

El conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia sumó un frente vinculado al control ambiental. Mientras la Agencia Nacional de Puertos y Navegación sostiene su responsabilidad sobre la administración de la terminal, la Provincia reivindica facultades concurrentes para fiscalizar actividades que involucren residuos peligrosos, agua y obras dentro del predio. La resolución nacional que dispuso la intervención asignó a la ANPYN la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto, aunque circunscribió la medida a la infraestructura y operación portuaria.

La secretaria Legal del Ministerio de Producción y Ambiente, Lisi Cristofano, confirmó que personal provincial intentó ingresar en dos oportunidades y recibió la negativa de las autoridades nacionales. “El impedimento del ingreso es grave”, sostuvo, y remarcó que el objetivo de las inspecciones es ejercer el control sobre bienes ambientales protegidos por la normativa provincial.

Las tareas previstas alcanzan dos áreas específicas. La Dirección General de Gestión Ambiental busca realizar la auditoría correspondiente al Certificado Ambiental Anual y controlar la trazabilidad de los residuos peligrosos, mientras que Recursos Hídricos pretende fiscalizar intervenciones y obras que puedan afectar la costa, drenajes, amarraderos y otros componentes vinculados al agua. El propio Gobierno provincial formalizó ese pedido de ingreso durante septiembre.

Cristofano explicó que la controversia se concentra en el alcance del poder de policía ambiental. Según indicó, la intervención nacional considera que su responsabilidad primaria en materia portuaria desplaza la intervención provincial, mientras que la Provincia sostiene que ambas competencias pueden coexistir. “Nosotros tenemos facultades concurrentes siempre”, afirmó.

El planteo provincial encuentra respaldo general en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales de sus territorios. La Constitución fueguina establece además que corresponde a la Provincia dictar normas complementarias de protección ambiental y aplicarlas en todo su territorio. Estas disposiciones no resuelven por sí mismas la controversia específica sobre el ingreso al área intervenida, que continúa siendo materia de disputa entre ambas administraciones.

Uno de los principales puntos de preocupación es la trazabilidad de los residuos peligrosos que son descargados de los buques y posteriormente trasladados hacia operadores habilitados. “Si uno no puede ingresar al lugar de descarga para que después el operador lo pueda tratar, se pierde la trazabilidad”, explicó Cristofano. El objetivo, detalló, es registrar qué tipo de residuo salió del puerto, quién lo recibió y cuándo fue tratado.

Después de la última negativa, el Ministerio comenzó a documentar cada intento de inspección y a elaborar informes sobre las áreas que podrían resultar afectadas por la imposibilidad de controlar. Cristofano señaló que una de las alternativas es iniciar sumarios o investigaciones administrativas y que, posteriormente, podría abrirse una vía judicial. Aclaró, sin embargo, que la Secretaría no tiene facultades para representar judicialmente a la Provincia y que una eventual presentación deberá ser evaluada por los servicios jurídicos correspondientes.

La funcionaria también indicó que, si el conflicto persiste, los procedimientos podrían alcanzar a prestadores que operan con residuos retirados del puerto, aunque remarcó que esa instancia todavía no comenzó. Por ahora, el Ministerio prevé notificarlos sobre la situación mientras continúa el intercambio con la intervención nacional.

El alcance de los controles también cobra relevancia ante las obras proyectadas en la terminal. Cristofano sostuvo que cualquier intervención sobre infraestructura vinculada al agua debe contemplar la participación ambiental desde la etapa previa y no únicamente después de una adjudicación. La Provincia continuará ahora con el procedimiento administrativo luego de las dos negativas de ingreso y definirá qué medidas adopta para restablecer las tareas de fiscalización.