La medida encendió la polémica: el operativo costaría más de 10 millones de dólares, y sería financiado con fondos del Ministerio del Interior, es decir, con dinero de los contribuyentes.
Juristas advierten que no hay respaldo legal para semejante gasto y que el 80% de las boletas ya fueron impresas, lo que vuelve inviable cualquier reemplazo a pocos días de la elección. Desde distintos sectores cuestionan que el Estado asuma el costo de una interna partidaria, en lugar de que lo pague la fuerza política involucrada.
La controversia se profundiza por otro dato: José Luis Espert está bajo investigación de la Justicia de Estados Unidos en una causa vinculada a presunto lavado de dinero y financiamiento del narcotráfico, que incluye movimientos de fondos desde cuentas off shore utilizadas durante la última campaña electoral.
Mientras el oficialismo busca instalar a Diego Santilli como nuevo cabeza de lista, la Justicia Electoral deberá decidir si habilita la reimpresión. Pero la pregunta ya quedó instalada:
¿Debe el pueblo argentino pagar con sus impuestos el costo político y económico de una lista salpicada por sospechas judiciales?
