El paro convocado por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) registró un acatamiento cercano al 70%, según el relevamiento realizado por la organización. La medida respondió tanto a reclamos nacionales por el financiamiento educativo como a demandas provinciales vinculadas con los salarios y el estado de los establecimientos escolares.
Juan Carrizo, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), explicó que la convocatoria se resolvió en el Congreso de Secretarios Generales del gremio y que, en Tierra del Fuego, también incorporó reclamos propios del sistema educativo provincial. "Habíamos convocado a adherirnos al paro nacional docente que surgió del Congreso de Secretarios Generales de AMET. La medida fue por 24 horas en reclamo por la quita del FONID, de distintos programas nacionales y por el financiamiento de la educación pública y técnica. A nivel local también reclamamos la recomposición salarial y mejores condiciones para el inicio de las clases en las escuelas", sostuvo.
Carrizo aseguró que la adhesión reflejó el malestar existente entre los trabajadores de la educación, pese al impacto que tuvieron los descuentos aplicados durante conflictos anteriores: "Según el relevamiento que hicimos, el acatamiento fue cercano al 70%. Si bien el docente viene golpeado por los descuentos y por distintas medidas que se tomaron durante la primera parte del año, ese nivel de adhesión demuestra que existe un gran descontento en el sector docente", afirmó.
El dirigente también cuestionó la decisión del Gobierno provincial de mantener las negociaciones únicamente con SUTEF y sostuvo que esa postura deja afuera a otras organizaciones con representación docente. "Es una práctica que se viene repitiendo durante la gestión de Gustavo Melella. Se decidió acordar con una sola organización sindical y dejar afuera al resto de los gremios que representamos a los docentes. Nosotros vamos a seguir marcando las diferencias cuando las propuestas no satisfagan al sector y señalando las coherencias o incoherencias de los acuerdos que se alcancen", expresó.
Respecto de la declaración de la educación como servicio esencial, Carrizo sostuvo que el derecho a huelga prevalece sobre esa normativa y cuestionó la intervención del Gobierno nacional en el control de las medidas de fuerza. "Por encima de una ley impulsada por un gobierno que ha avasallado la educación pública, existen derechos constitucionales que garantizan la posibilidad de realizar paros y asambleas sin restricciones. Nación pretende actuar como controlador de las medidas de fuerza, pero al mismo tiempo se desentiende de su obligación de financiar adecuadamente el sistema educativo, que hoy tiene salarios por debajo de la línea de pobreza y edificios escolares en estado calamitoso", manifestó.
En ese sentido, remarcó que los sindicatos no son responsables de garantizar el cumplimiento del porcentaje mínimo de prestación previsto en la legislación vigente, ya que esa tarea corresponde al empleador. "Las organizaciones sindicales convocamos y notificamos las medidas de fuerza, pero no decidimos qué docente trabaja y cuál adhiere al paro. Quienes deben organizar el funcionamiento de las instituciones y hacer cumplir la normativa son el Ministerio de Educación y el Gobierno provincial. Esa responsabilidad no puede trasladarse a los sindicatos", indicó.
Carrizo también cuestionó que AMET continúe excluida de las reuniones con el Ejecutivo provincial y atribuyó esa situación a una decisión política. "La ley se refiere a las negociaciones paritarias, pero podríamos participar de cualquier otra instancia de diálogo. La decisión de convocar únicamente a otra organización es política. Aun así, cada vez más docentes se acercan a AMET porque están disconformes con la representación y con lo que hoy se negocia", concluyó.
