La intervención nacional avanzó con la contratación de una de las principales obras proyectadas para el Puerto de Ushuaia: el retiro de las defensas existentes y la provisión, instalación y calibración de 75 nuevos equipos en el muelle comercial.
La empresa seleccionada fue Concret Nor S.A., por un monto de USD 2.573.156,25 y $1.342.350.194,42. La propuesta se ubicó, en términos globales, un 18,08% por encima del presupuesto oficial previsto para la licitación.
El llamado había establecido un presupuesto de USD 2.302.500 y $959.049.615, con un plazo de ejecución de 270 días corridos. La diferencia resulta especialmente significativa en el componente cotizado en pesos: la oferta seleccionada supera en más de $383 millones la estimación inicial.
En la licitación se presentaron cinco empresas. Sin embargo, la Comisión de Preadjudicación consideró que la propuesta de Concret Nor era la única válida y conveniente, luego de descartar las otras cuatro ofertas.
La comunicación difundida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación no detalló cuáles fueron las empresas desestimadas, qué observaciones recibieron sus propuestas ni cuáles fueron los criterios técnicos o administrativos utilizados para excluirlas. El organismo tampoco informó el monto completo de la contratación ni mencionó que la oferta seleccionada superaba el presupuesto oficial.
El comunicado se limitó a señalar que la obra permitirá mejorar la seguridad de las operaciones de atraque y adecuar la infraestructura portuaria a estándares internacionales. También sostuvo que los trabajos serán financiados con recursos generados por la propia operatoria del Puerto de Ushuaia.
Existe, además, una diferencia entre la información difundida por los organismos nacionales.
Mientras que la ANPYN anunció el 29 de julio que había “completado el proceso licitatorio” y adjudicado la obra, en el registro público de contrataciones de la Administración General de Puertos el expediente todavía aparece bajo el estado de “preadjudicada” y únicamente se encuentra publicado el dictamen de preadjudicación.
La diferencia no es menor: la preadjudicación constituye una recomendación de la comisión evaluadora, mientras que la adjudicación requiere el acto administrativo definitivo que formaliza la contratación.
La contratación se produce mientras continúan los cuestionamientos sobre la administración de los ingresos generados por el Puerto de Ushuaia durante la intervención federal.
La ANPYN sostiene que la reducción de la planta de trabajadores y la reorganización operativa permitieron generar los ahorros necesarios para financiar las obras. En su último comunicado aseguró que la terminal funciona actualmente con el 20% del personal utilizado por la administración anterior.
Sin embargo, siguen sin conocerse públicamente datos centrales como la recaudación total obtenida desde el comienzo de la intervención, los gastos realizados, el destino de esos fondos y los criterios utilizados para seleccionar las inversiones.
El recambio de las defensas constituye una obra necesaria para la seguridad del muelle y de las embarcaciones. Esa necesidad, no obstante, no exime a los organismos responsables de explicar por qué se eligió una propuesta superior al presupuesto oficial, cuáles fueron las razones para descartar a los restantes oferentes y bajo qué condiciones se utilizarán los recursos generados por el puerto fueguino.
Fuente: Crítica Sur | foto: DFM
