La decisión del Gobierno nacional de mantener congelado el monto que aporta para cubrir los subsidios sociales al transporte público, pese al incremento de las tarifas, volverá a trasladar mayores costos a provincias y municipios. Así lo advirtió el presidente de la UISE, José Labroca, quien sostuvo que la medida agrava una situación que ya es compleja para las empresas del sector y pone en riesgo la sustentabilidad del servicio.
Labroca explicó que el cambio dispuesto por la Resolución 402/26 modifica la forma en que la Nación financia los descuentos aplicados a distintos grupos de usuarios. Según indicó, el Estado nacional continuará abonando el mismo monto que aportaba en junio, mientras que cualquier diferencia originada por futuras actualizaciones tarifarias deberá ser absorbida por las jurisdicciones locales.
"Las empresas reciben subsidios nacionales y provinciales o municipales vinculados a tarifas sociales. Lo que hizo el Gobierno con esta resolución es decir: yo sigo pagando el subsidio hasta el valor que tenía en junio. Si después aumenta el boleto, esa diferencia la tiene que cubrir la provincia o, en nuestro caso, el Municipio. Es decir, el subsidio nacional se va diluyendo a medida que aumenten las tarifas", explicó.
El titular de la empresa municipal afirmó que el escenario se ve agravado por el incremento permanente de los costos operativos, especialmente el combustible y los salarios, que representan más del 60% de la estructura de gastos del transporte urbano.
"El transporte público hoy en Argentina está en una crisis extremadamente terminal. El gasoil aumenta permanentemente, los salarios también y los subsidios ya no alcanzan. En ese contexto el Gobierno nacional cambia las reglas de juego y deja que municipios y provincias absorban la diferencia", sostuvo.
Como ejemplo de esa situación, señaló que distintas ciudades del país comenzaron a reducir recorridos, cerrar líneas y disminuir frecuencias para poder sostener el funcionamiento del sistema.
"En los últimos meses cerraron varias líneas de colectivos en distintas provincias. En otros lugares directamente eliminaron servicios nocturnos o pasaron de frecuencias de cinco minutos a veinte para sacar menos unidades a la calle y reducir costos. Ese es el deterioro que hoy vive el transporte público argentino", afirmó.
En el caso de Ushuaia, Labroca indicó que la UISE logró mantener el servicio gracias al aporte municipal y a los recursos que generan otras unidades de negocio de la empresa, aunque reconoció que el equilibrio financiero continúa siendo muy ajustado.
"Si la UISE no tuviera otros ingresos, el Municipio debería aportar alrededor de ocho mil millones de pesos para sostener el servicio durante todo el año. Gracias a esas otras actividades, ese esfuerzo se reduce aproximadamente a entre 1.800 y 2.000 millones", detalló.
También explicó que el valor del boleto autorizado continúa muy por debajo del costo real del servicio y que la mayoría de los pasajeros accede a algún tipo de descuento.
"Hoy el costo técnico del boleto ronda los 3.145 pesos, pero el valor autorizado es de 1.550 y todavía ni siquiera está vigente. Además, el 66% de los usuarios tiene algún beneficio tarifario, por lo que a la UISE finalmente le ingresan alrededor de 740 pesos por pasajero. Con esos números es muy difícil sostener el sistema", señaló.
A esa situación económica se suma una caída en la cantidad de pasajeros transportados diariamente. Según indicó, cuando asumió la conducción de la empresa, a fines de 2024, el promedio era de 9.900 usuarios por día, mientras que actualmente ronda los 8.900.
"Creemos que hay distintos factores. Algunos optan por otras alternativas de transporte, pero también vemos personas que perdieron el trabajo y dejaron de viajar todos los días. Además, la falta de clases también impacta porque muchos usuarios utilizan el colectivo para llevar a sus hijos a la escuela", concluyó.
