La decisión del Gobierno nacional de flexibilizar el régimen de “Aduana en Factoría” a través del decreto 252/2026 introduce un cambio silencioso pero significativo en el mapa productivo argentino. La medida permite que más empresas importen insumos sin pagar derechos, siempre que esos bienes se incorporen a productos destinados a exportación. En términos simples, abarata producir en el continente para vender al exterior.
A primera vista, el esquema parece no tocar de lleno a Tierra del Fuego. El régimen de promoción industrial —amparado por la Ley 19.640— tiene otra lógica: beneficios fiscales amplios, permanentes y orientados principalmente al mercado interno, con el objetivo histórico de poblar, desarrollar y sostener empleo en una región estratégica. Sin embargo, el impacto no debe medirse solo en términos directos.
El punto de tensión aparece en la ventaja comparativa. Durante décadas, la industria fueguina se sostuvo en una ecuación delicada: costos logísticos elevados compensados por un fuerte alivio impositivo. Ese equilibrio le permitió competir —sobre todo en el rubro electrónico— frente a la producción continental y a las importaciones.
La nueva medida introduce un matiz: ahora ciertas empresas radicadas en el continente podrán acceder a insumos importados sin carga arancelaria, reduciendo sus costos. Aunque el beneficio está condicionado a la exportación, genera un efecto concreto: acorta la brecha de competitividad que favorecía a Tierra del Fuego.
No es un desplazamiento inmediato, pero sí un cambio de tendencia.
En este contexto, la preocupación en la isla no pasa tanto por esta resolución en sí misma, sino por su encadenamiento con otras decisiones recientes: reducción de aranceles a productos electrónicos importados, mayor apertura comercial y un discurso oficial que pone bajo revisión el costo fiscal del régimen fueguino. Leídas en conjunto, las señales apuntan a un modelo económico más abierto, donde los esquemas de protección pierden peso relativo.
El riesgo, entonces, no es inmediato pero sí estructural. Si producir en el continente se vuelve progresivamente más competitivo, y al mismo tiempo crece la presión importadora, el modelo industrial fueguino podría enfrentar un escenario más desafiante. La historia reciente ofrece antecedentes: cada proceso de apertura en Argentina impactó con fuerza en la actividad y el empleo en la provincia.
Aun así, hay diferencias importantes. El régimen fueguino no se limita a una exención puntual: es un sistema integral que incluye beneficios fiscales, aduaneros y logísticos, difícil de replicar en el corto plazo. Además, su peso político —por el empleo que genera y su carácter estratégico— sigue siendo alto.
La clave, hacia adelante, estará en cómo evolucione esa relación. Si las nuevas políticas se consolidan y amplían, el diferencial que sostiene a la industria fueguina podría erosionarse gradualmente. Si, en cambio, se mantienen como herramientas acotadas, el impacto será limitado.
Por ahora, lo que aparece no es un golpe directo, sino una señal. Una de esas señales que, en economías regionales sensibles como lo viene siendo la industria fueguina, suelen anticipar discusiones más profundas.
Fuente: Crítica Sur
