El motivo que esgrimieron desde la Justicia se sustenta en el contexto de alta inflación que, desde hace años, atraviesa la Argentina. Indicaron que se prevé que la actualización de los montos de las tasas se efectúe de manera automática e informaron que el dinero recaudado, será destinado a obras de infraestructura y también se adquirirán elementos tecnológicos.
Recordaron que para alcanzar dicho pedido lograron el consenso de Colegios Públicos de Abogados de la Provincia y de los gremios que poseen injerencia en el tema.
En el dictamen alcanzado se especifica que se modifica el artículo Nº 6 y quedará redactado de la siguiente manera: “En los juicios cuyo objeto litigioso no tenga valor pecuniario y no se encuentren comprendidos en la exenciones contempladas por esta Ley u otro cuerpo normativo, se integrará una tasa fija de 0.5 IUS, pagadera en su totalidad al inicio de las actualizaciones”.
Por otro lado, abordaron la renuncia de una organización no gubernamental (ONG) que forma parte del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, vacante que deberá cubrir otra institución, que sea parte del Registro.
Estuvieron presentes las legisladoras Natalia Gracianía (LLA); María Victoria Vuoto (PJ), María Laura Colazo (PV) y los legisladores Jorge Lechman (SF); Pablo Villegas (MPF); Juan Carlos Pino y Federico Sciurano (FORJA).
