La normativa reconoce esta modalidad como una actividad privada de interés público y fija requisitos para su autorización, fiscalización y funcionamiento. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Gobierno municipal. Asimismo, se establecen obligaciones para las Empresas de Redes de Transporte y para los prestadores, quienes deberán estar inscriptos en el Registro Municipal Unificado de Conductores (ReMuCo) y cumplir con las normas vigentes de seguridad vial y técnica vehicular.
La concejala Yesica Garay destacó que la aprobación de la ordenanza responde a un reclamo sostenido de la comunidad. “Salir de la zona de confort y escuchar a la gente es fundamental. No se trata de caprichos, sino de necesidades reales. Las normas deben acompañar los procesos y celebro que también sea una demanda del sector del taxi y el remis”, afirmó.
Por su parte, el concejal Nicolás Pelloli señaló que se trata de “una herramienta necesaria para avanzar, donde hay que destacar que hubo debate, escucha y distintas miradas, pero el objetivo común fue generar una herramienta para trabajar. Hoy no se le da una herramienta solo al Ejecutivo, sino a la gente, a la sociedad; es una solución”.
Durante el debate, previo a la votación que logró ocho acompañamientos, una abstención del Concejal, Valter Tavarone y el negativo de la concejala, Daiana Freiberger. La mayoría entendió que la ordenanza permite adaptar la normativa local a los cambios tecnológicos actuales y fortalecer el rol del Estado en la regulación del transporte urbano.
