El Gobierno nacional giró este martes a la Cámara de Diputados un proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los trece años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.
El oficialismo puntualiza que es necesario bajar la edad de imputabilidad ya que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.
Los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio que iba a mandar esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años que es la edad establecida en el actual régimen penal.
El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.
Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy), aunque se estima que no será sencillo ya que es un tema que divide las aguas dentro del Congreso Nacional.
El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.
A lo largo del proyecto se establece que no se le impondrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20, aunque si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.
“En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”, agrega.
En ese sentido, el oficialismo destaca que “por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social".
Subraya que desde la sanción de la ley penal juvenil “el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes - muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales- y con las necesidades de la sociedad".
